Estafa inmobiliaria en Ushuaia: imputados excomisarios, exfuncionarios y empresarios implicados deberán declarar.

Excomisarios y empresarios de Ushuaia implicados en una estafa inmobiliaria en Altos de la Patagonia. 60 familias afectadas exigen justicia.

El abogado Paulino Rossi informó sobre los avances en la causa por una estafa inmobiliaria que perjudicó a 60 familias entre 2016 y 2017. El caso involucra a excomisarios retirados y empresarios reconocidos de Ushuaia, quienes conformaron un fideicomiso para vender terrenos en la zona de Altos de la Patagonia, pero tras recibir los pagos, desaparecieron sin entregar las propiedades.

Rossi explicó que los compradores eran mayoritariamente miembros de la fuerza policial, pero las ventas se expandieron al resto de la comunidad mediante publicaciones en redes sociales . “Se configuró una estafa inmobiliaria. A pesar de que en un principio la justicia intentó archivar el caso, logramos que se reabra la investigación y se cite una declaración indagatoria a los responsables”, afirmó.

Imputados citados entre el 17 y el 27 de marzo:

• Pedro Díaz (Fuerza Policial)

• Héctor Miranda

• Dino Manetti

• Miguel Osvaldo Picone

• Dardo Enzo Estefó (expresidente de la Caja Previsional)

• Walter Darío Prieto (administrador del fideicomiso)

El fideicomiso estuvo conformado por la Caja Previsional de la Policía Provincial, que aportó los terrenos adquiridos con fondos públicos. “Estos recursos debían garantizar el pago de las jubilaciones, pero en su lugar se realizó una maniobra fraudulenta que perjudicó tanto a las familias como a la Caja”, denunció Rossi.

Durante la investigación, surgieron pericias contables que revelaron graves irregularidades en la administración de fondos. Aunque los lotes inicialmente se comercializaron a precios de mercado, la falta de transparencia en el manejo del fideicomiso generó un perjuicio estimado en más de 2 millones de dólares.

Además, Rossi indicó que la empresa AGRA , a través de Financar SA , era responsable de la comercialización de los terrenos. La investigación también apunta a otras operaciones vinculadas a la Caja Previsional, como proyectos en Tolhuin y edificios comerciales en Ushuaia. “La estafa no es un hecho aislado; podría haber mecanismos reiterativos en el uso de fondos públicos. Por eso solicitamos el cambio de carátula a asociación ilícita , una figura con penas más severas debido a la sistematicidad de las acciones”, detalló Rossi.

Las víctimas, por su parte, exigen justicia y reparación. Rossi explicó que trabajan en dos líneas de acción:La demanda penal , que busca sanciones para los responsables. Las demandas civiles , que intentan lograr el reintegro del dinero o la entrega de los terrenos prometidos. “Intentamos realizar una demanda colectiva, pero no fue posible. Ahora avanzamos con demandas individuales, un camino más complejo, pero necesario”, indicó Rossi.

Por último, Rossi destacó la gravedad del caso: “Estamos hablando de exfuncionarios públicos, empresarios reconocidos y comisarios retirados que deberían velar por los fondos y la seguridad de la provincia, pero estafaron a familias trabajadoras. Este avance representa una esperanza para las víctimas y marca un precedente en la lucha contra la impunidad ”.