Pacto Fiscal Vuoto presenta contrapropuesta

El municipio presentara una contrapropuesta a Bertone, incluye retiros voluntarios para empleados municipales y un acuerdo sobre impuesto inmobiliario.

Después de la reunión entre el Ejecutivo Provincial y los municipios se conoció que estos últimos presentaran una contrapropuesta al borrador del consenso fiscal propuesto por la gestión Bertone. Así lo confirmo el jefe de Gabinete del Municipio de Ushuaia Oscar Souto quien dijo que trabajan contrareloj, por la necesidad de adecuar el presupuesto municipal a los nuevos parámetros. En el borrador se contempla una resolución política para el conflicto por el cobro del impuesto inmobiliario, pero se agregan erogaciones a las municipalidades, como el subsidio al gas envasado y un plan de retiros voluntarios para empleados municipales. Recordemos que desde el Ejecutivo Provincial también se menciona un congelamiento salarial para el proximo año (ver).

Por Radio Universidad 93.5, Souto, sostuvo “De alguna forma estamos viendo si finalmente el Municipio adhiere al consenso fiscal, porque desde Nación se impuso a los gobernadores que se repitiera lo que se hizo con las Municipalidades de cada distrito. Uno de los principales planteos es que, si lo que se pierde de coparticipación las provincias lo van a recibir a través de un bono, queremos que este bono sea coparticipable. Si no, se perderían recursos municipales exclusivamente”, indico el funcionario.

Ya hubo una reunión del equipo de la Municipalidad de Ushuaia, que estuvo trabajando con el equipo del Municipio de Río Grande, y el lunes se volverán a reunir los equipos económicos de la provincia y los municipios. Nosotros vamos a hacer una contrapropuesta a lo que se nos mostró y se trabajará a partir de eso”, adelantó.

Respecto del reclamo judicial por el impuesto inmobiliario, manifestó que “por supuesto se puso sobre la mesa, como también la deuda y el crédito que tenemos trabado en el Banco Macro, de 35 millones de pesos para la compra de los colectivos. El crédito está aprobado y lo único que se requiere es que el ministro Frigerio ponga la firma. Solamente se requeriría alguna gestión de buena voluntad para que eso pueda ser destrabado”, aseguró.

Consultado sobre la posibilidad de que el diputado electo Tito Stefani, como coordinador del Fideicomiso, colabore para destrabar este crédito, observó que “hasta ahora las gestiones de Stefani no fueron muy fructuosas, porque hace exactamente un año firmamos un convenio con el Fideicomiso para hacer dos obras de asfalto y una de ellas la está haciendo el municipio con fondos propios. Yo pongo una duda en su eficiencia, si hay que confiar en la gestión de Stefani. Siempre hemos tenido una buena relación con Stefani, pero la política se mide por resultados. Nosotros firmamos convenios, presentamos los proyectos, no hay objeción técnica y falta desembolsar los recursos, así que cumplimos nuestra parte. Es más, hasta la Nación designaba la empresa, pero nada se cumplió. En este caso eran fondos no reintegrables”, recordó.

Por sobre todo priorizó que “es importante para todos los vecinos de la provincia que se pueda trabajar en conjunto entre todos los municipios y el gobierno provincial. Algunas diferencias se podrán ir limando, pero en un momento tan complicado, con un 2018 donde todo indica que va a ser más complejo, no podemos dejar a los vecinos en medio de estas disputas. Lo que no se hizo para atrás, ya está. Si este es un punto de partida, bienvenido sea, porque cuando algo sale mal no se afecta al intendente o a la gobernadora, sino a los vecinos. Ojalá este sea el comienzo y el puntapié inicial de una relación institucional madura para los próximos años”, deseó.

Reducción de planta política: Por otra parte se le preguntó sobre la reducción de la planta política en la que está trabajando el municipio. Confirmó que alcanza “alrededor de un 20%” de los cargos. “En algunos casos desaparecen cargos que no se habían ocupado o quedaron vacantes en los últimos meses. Esos cargos van a desaparecer, por decreto, y un 12 ó 13% son cargos que son actualmente ejercidos por algún funcionario, pero lamentablemente para ellos van a quedar fuera de la función, porque se fusionan algunas áreas de subsecretarías y coordinaciones”, dijo. De ese total, “en un 60 ó 70% desaparecen no sólo las funciones, sino que cesan en su trabajo los funcionarios”, subrayó.

Contempla un acuerdo político por el impuesto inmobiliario: El consenso fiscal presentado el viernes por el gobierno a las municipalidades en la reunión en Casa de Gobierno, hace referencia a la acción destinada a resolver el Impuesto Inmobiliario por el Superior Tribunal de Justicia, y plantea que “es voluntad de las partes acordar una solución integral y realista de dichos conflictos a través del diálogo institucional”.

“Los intendentes se comprometen a establecer convenios entre los gobiernos municipales y el provincial, en materia de recaudación y coparticipación del tributo, a los fines de poner en práctica lo establecido en el Código Fiscal, Ley Provincial 1075 libro segundo, parte especial Título Primero del impuesto inmobiliario artículos 171 a 182. A tales efectos la Provincia se compromete, a través de la AREF, a desistir de las acciones iniciadas respecto de aquellos municipios que aprueben el presente consenso y suscriban los convenios aquí referenciados antes del 31 de diciembre de 2017, subsistiendo la acción para los que no adhieran o que, habiendo adherido, no suscriban el convenio mencionado antes de la fecha indicada”, señala la propuesta.

La coparticipación de este impuesto, que pasarían a cobrar tanto la provincia como los municipios, prevé un revalúo inmobiliario, que será efectuado por el organismo federal de catastro, constituido por las provincias y la CABA, “a los fines de determinar los procedimientos y metodologías de aplicación para todas las jurisdicciones, a fin de lograr valuaciones fiscales que reflejen la realidad de mercado inmobiliario y la dinámica territorial”.

Los municipios deberán adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles lo resuelto por ese organismo federal, y las alícuotas deberán fijarse “en un rango entre 0.5 por ciento y 2 por ciento del valor fiscal establecido”.

Subsidio de gas compartido: También el acuerdo incorpora aportes municipales para el subsidio de gas, con el argumento de la falta de regularización dominial de los barrios informales por parte de las municipalidades, que “impide a la Provincia mejorar la calidad de vida de las familias residentes con las obras de tendido de red de gas natural”, lo cual “incrementa el gasto” en materia de subsidios a gas envasado.

Como solución, plantea que los municipios se comprometan “a afectar lo recaudado por la regularización de venta de lotes de barrios informales a un fondo específico destinado a obras de infraestructura de servicios de esos barrios”. Además, prevé “un aporte de los municipios” al subsidio de gas envasado que actualmente abona la provincia, correspondiente a las familias que “residan en barrios no regularizados y que por tal motivo la provincia no pueda realizar las obras de tendido de red de gas natural”.

Responsabilidad fiscal: El borrador establece “una ley de responsabilidad fiscal y buenas prácticas fiscales provinciales que recepte los lineamientos de la Ley Nacional 25.917 y las modificaciones que se encuentran en tratamiento en el Congreso de la Nación”.

Para ello el Poder Ejecutivo Provincial “se compromete a presentar en forma inmediata el proyecto de ley correspondiente, comprometiéndose en este acto los intendentes a presentar ante los respectivos Concejos Deliberantes el pedido de adhesión a ese régimen”.

Emergencia previsional: Con un déficit trianual proyectado en dos millones seiscientos mil pesos, el borrador plantea el acuerdo para “impulsar las reformas necesarias a los fines de encauzar la situación de emergencia previsional (Ley 1068) y las previsiones del artículo 23 de la ley 1070, previendo los recursos necesarios para garantizar la sustentabilidad del sistema de acuerdo a las proyecciones actuariales vigentes”.

Cabe recordar que, ante el vencimiento de la ley de emergencia que creó el aporte solidario, desde la caja de previsión se apeló a la operatividad del artículo 23 de la ley 1070 para cubrir e déficit y, según el presidente Rubén Bahntje el descuento automático a los municipios ascendería a 535 millones en tres años.

Retiros voluntarios también en la Municipalidad: El acuerdo incorpora un programa de retiros voluntarios en el Estado provincial y las municipalidades, que serán financiados por la Nación “a través de las líneas de crédito especiales, e incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral”.

Tasas municipales: En otro punto del borrador se dispone adecuar las tasas municipales “de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio” y que sus importes “guarden una razonable proporcionalidad con el costo de dicho servicio, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Nacional”.

Se crearía “una base pública en la Provincia, en la que consten las tasas aplicables en cada municipalidad”, con los datos de los “hechos imponibles, sujetos alcanzados, alícuotas, etc., y la normativa vigente al respecto”, además de impulsar “un sistema único de liquidación y pago de tasas municipales”.

Baja de ingresos brutos: Mediante una reforma del código fiscal que se elevará a la Legislatura, se apunta a implementar las pautas acordadas en el consenso fiscal firmado con la nación, “incorporando las alícuotas establecidas en el anexo I de dicho consenso, modificando a tal fin los aspectos necesarios en la Ley de Coparticipación Provincial como consecuencia de las mencionadas modificaciones”.

Fondo de la soja para adherentes: En otro punto se restringe el giro del fondo de la soja destinado a obras de infraestructura a los municipios que adhieran a este consenso fiscal, dado que prevé “distribuir los recursos del Fondo Federal Solidario, Decreto Nacional N° 206/2009 (aprobado por medio de la Resolución N° 1697/2009 emitida por la Cámara de Diputados de la Nación) y su par Decreto Provincial N° 636/2009, entre los municipios que adhieran y cumplan el presente consenso, de acuerdo con la ley de coparticipación vigente, acrecentando proporcionalmente su participación sobre la de los municipios que no participan, por no haber adherido al consenso”.

Rol provincia-municipios: Con respecto a los roles superpuestos en dependencias del Estado provincial y municipal, se plantea un ordenamiento y la supresión de éstas, con el fin de “ordenar y eficientizar el gasto público, a los fines de promover la actividad económica, la inversión y el empleo”.

Los firmantes del acuerdo se comprometen “a relevar aquellas actividades que se realizan en forma concurrente, y evaluar la forma más eficaz y eficiente de realizarlas, de modo tal que no se superpongan competencias entre sí”.