Control antidoping a funcionarios y electos

Proyecto para obligar a funcionarios, electos y empleados publicos a realizarse controles de consumo de droga.

Un proyecto de ley del legislador, Ricardo Furlan (FPV), con el acompañamiento del radical Pablo Blanco y el mopofista Damián Löffler obligara a los funcionarios electos y designados de los tres poderes del Estado y a los empleados públicos de carrera a someterse a un examen de detección de consumo de drogas. Los que no lo superen serán suspendidos en sus funciones hasta su recuperación. Los funcionarios que no se lo realicen no podrán presentarse en futuras elecciones y quedarán inhabilitados para ocupar cargos políticos. Los empleados podrían ser cesanteados.

El proyecto de ley busca “establecer con carácter obligatorio para la continuidad en el cargo de los funcionarios políticos y públicos la condición de no poseer ninguna adicción a drogas ilegales”.

Para certificar tal condición, la iniciativa estipula que en un plazo no inferior a los 90 días desde la sanción de la ley, y cada dos años, los funcionarios electos y designados de los tres Poderes del Estado, entes autárquicos y descentralizados, integrantes de la Policía y todo funcionario público que ostente la categoría 15 en adelante deberá realizarse en un organismo de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia “un examen de detección de metabólicos de drogas en orina para determinar la presencia de sustancias psicoadicitivas en sus organismos”.

En caso de que el examen de un funcionario diera positivo se lo suspenderá en sus funciones “hasta su recuperación, la que deberá ser acreditada mediante el examen médico correspondiente”.

Aquel que no se realice el examen “quedará inhabilitado para presentarse en futuras elecciones y/o ocupar cargos políticos o bien desempeñar las funciones concernientes en la categoría de la administración pública que le corresponde, pudiéndose, incluso, decretar su cesantía”.

La propuesta contempla que resulta “requisito para postularse a cualquier cargo público la obligatoriedad de encontrarse exento de cualquier adicción a drogas ilegales, acreditando dicho estado con el estudio médico o bioquímico correspondiente”.

“A los fines de garantizar la autonomía municipal”, señala el proyecto, “se invita a los Municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin a adherir” a la ley.

Para garantizar la transparencia del proceso, se propone que las muestras de orina se resguarden en dos frascos (frasco A y frasco B) que deberán ser sellados y firmados por las partes. Si el resultado fuera positivo, el funcionario podrá solicitar dentro de los 5 días una contraprueba, utilizando para ello la muestra contenida en el frasco de resguardo, de la que participará un perito bioquímico designado por el interesado.