La 19640 y el Club de los Industriales

Con la Ley 19640, los únicos que ganan en TDF son los integrantes del Club de los Industriales.

En una nota de opinión sobre los verdaderos beneficios y beneficiarios de la ley 19640, el abogado Federico Rauch, manifestó que acá en Tierra del Fuego, los únicos ganadores con los integrantes del denominado “Club de los Industriales” y lo deja reflejado en la siguiente nota:

El "Club de Industriales" está compuesto por un reducido grupo de empresas cuyos accionistas fueron durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, importadores de las marcas que ahora fabrican bajo franquicia.

En la última semana el Gobierno nacional ha efectuado dos declaraciones directamente contradictorias. Primero afirmó que va a reducir la barrera arancelaria del 35% en algunos productos de la canasta autorizada para el Club de industriales del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

Luego de una manifestación pública motorizada por los gremios en la ciudad de Río Grande, el Diputado Roma y el Secretario de Industria Etchegoyen, desmintieron tajantemente que el gobierno esté considerando derogar el sub régimen industrial de la ley 19640.

Lo interesante aquí, es que en ningún caso, la autoridad competente, el Poder Ejecutivo Nacional, ha dictado norma alguna concreta para reducir la barrera arancelaria o para derogar total o parcialmente el sub régimen industrial.

Las declaraciones son parte del juego de negociación que viene llevándose a cabo desde febrero del corriente año entre el “Club Industrial”, institucionalmente representado por AFARTE, y el gobierno del PRO, representado institucionalmente por el Ministerio de Industria, a cargo de Cabrera y los funcionarios Quintana y Lopetegui, entre otros.

Las declaraciones son contradictorias porque así como no fue necesario derogar o reducir normativamente el sub régimen de promoción económica de la ley, para permitir que un “Club de Importadores” oligopólico se apropiara de la totalidad de los beneficios fiscales indirectos de los consumidores en Tierra del Fuego, sin tocar un coma de la ley 19.640, tampoco resulta necesario tocarla para eliminar los incentivos de fabricación industrial en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

En ambos casos, basta con dejar de fiscalizar adecuadamente o reducir la barrera arancelaria para que la derogación efectiva de la ley sea un hecho concreto y real.

Eso es lo que viene ocurriendo con el sub régimen de promoción económica desde el año 2001.

Y es lo que ocurrirá con el sub régimen de promoción industrial, si el gobierno nacional concreta la reducción de la barrera arancelaria.

Pero hasta allí llega la similitud. Los efectos económicos, los ganadores y perdedores, y quienes resultan beneficiados en los 2 casos, son completamente diferentes.

Para entender esto, es necesario despojarse de anteojeras ideológicas o preconceptos, y enfocarse en dos cuestiones: 1) precio del producto y 2) quienes lo comercializan.

Hay que preguntarse: ¿Quiénes fabrican esos productos en Tierra del Fuego y quienes los importaban o los importarán en el futuro con arancel cero?

También hay que preguntarse: ¿Cual es precio del producto hoy y cual será en el futuro en el mercado nacional?

El club de industriales del Área Aduanera Especial está compuesto por un reducido grupo de empresas cuyos accionistas controlantes fueron en el anterior ciclo, bajo los gobiernos de Menem y De la Rúa, importadores de las marcas que ahora fabrican bajo franquicia.

El cambio de las reglas de juego, importa ciertas pérdidas para ellos, pero no altera lo sustancial del negocio, ni su rentabilidad extraordinaria a futuro.

Pues ésta depende del precio final del producto y en cuanto participan a lo largo de la cadena de comercialización.

En ambos ciclos, el de aranceles bajos e importación de productos, o en el de barreras arancelarias altas y fabricación en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego o bajo los otros regímenes de promoción industrial existentes en el resto del país, los jugadores siempre han sido pocos.

Es decir, han sido el club de los importadores o el club de los fabricantes. En ambos casos constituyen un oligopolio, es decir un reducido grupo de personas que forma el precio del producto en el mercado.

La decisión del gobierno nacional, si la concreta, simplemente significará para ese reducido grupo de accionistas, un cambio de camiseta moderadamente costoso.

Al final, el precio de los productos que se dejen de fabricar, tenderá a ser igual o superior al precio que actualmente pagan todos los consumidores en la Argentina, pues esos accionistas no tienen ningún incentivo para resignar el margen de utilidad extraordinario sobre dichos precios, en la medida de que siguen siendo los titulares de las franquicias de las marcas, poseen los contactos y los recursos de capital, logísticos y de personal necesarios para, en conjunto, seguir formando los precios de la electrónica que dejen de fabricar y pasen a importar.

La inversión enterrada en bienes de capital en el Área Aduanera Especial, si bien de cierta importancia, puede ser parcialmente re exportada a terceros países, y el resto ya se encuentra totalmente amortizada (reembolsada por las ventas efectuadas).

Como la inversión social nunca fue un requisito exigido por el gobierno nacional para autorizar la radicación industrial de las empresas de éstos accionistas, la transformación en simples importadores de lo que ahora fabrican no será traumática ni imposible.

Pero claro, será desastrosa para la sociedad fueguina. Entre 40.000 y 50.000 personas viven directa o indirectamente de esa actividad industrial, en una provincia que tiene una población total que no supera los 170.000.

La negociación entre estos accionistas y el gobierno nacional no está terminada y de cumplirse la amenaza de éste último, la reducción real del volumen de fabricación sería menor, si la reducción de aranceles se limita a notebook y tablets, que en el Área Aduanera Especial constituyen menos del 20% del total de productos actualmente fabricados y exportados del AAE al resto del país.

La alegada intención del gobierno nacional de importar notebooks directamente para el plan educativo público, es decir no comprarles a éstos accionistas lo que fabricarían en el AAE, tampoco requeriría de ninguna baja general de aranceles para ese producto. Ello es así porque se trataría de una compra oficial para un programa nacional de bien público, es decir exenta del pago de derechos de importación y cualquier otra carga fiscal impuesta por quien importa, es decir el Estado Nacional.

Es dudoso que los funcionarios del PRO involucrados en estas negociaciones desconozcan que la destrucción o reducción del sub régimen de promoción industrial fueguino mediante la reducción o anulación de barreras arancelarias pueda ser un modo de disciplinamiento en el mercado de este oligopolio de accionistas, y que por el contrario, esto solo les producirá daños menores de reacomodamiento, pero no resignar la ganancia extraordinaria que vienen obteniendo y seguirán obteniendo con las nuevas reglas de juego.

En consecuencia, no es destruyendo la inversión y el sub régimen industrial de la ley 19.640 como habrá de bajarse el exorbitante precio de los productos electrónicos en la Argentina.

Lo único que se destruirá con seguridad, como ya lo hemos visto, es el proyecto de vida de miles de familias en Tierra del Fuego.

En realidad, solo mediante la aplicación efectiva de una ley de defensa de la competencia, como la que propusiera la Dra. Carrió y la que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional, sería posible crear los incentivos y señales concretos para impedir que unos pocos accionistas fijen precios sustancialmente más elevados por los mismos productos. Y como no, también el Estado deberá bajar la presión fiscal sobre toda la cadena de valor de esos productos para ayudarla a ser competitiva con países similares.

Por ejemplo, si el gobierno quiere bajar el precio de los productos, puede abrir el ingreso a más jugadores dentro del AAE, autorizando nuevas inversiones y prohibir a los accionistas radicados importar de terceros países lo que se comprometieron a fabricar en el AAE, a la par de que regula razonablemente la barrera arancelaria para estimular la industria. Ello implicaría una puesta en valor del sub régimen industrial, debidamente normado.

En síntesis, estas breves referencias, sirven para explicar que mucho de lo que se dice parte de falta de información o conocimiento sobre el actual estado de cosas, cuales son los verdaderos intereses en juego y quienes serán los ganadores.

Claramente, no seremos los fueguinos, ni el resto de los consumidores argentinos.